Una jueza federal estadounidense se mostró escéptica el lunes ante la demanda interpuesta por el alguacil del condado Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, contra la acción ejecutiva que el presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre y que ampara de la deportación a entre 4.5 y 5 millones de indocumentados.

La jueza Beryl Howell cuestionó que Arpaio tenga la autoridad para demandar judicialmente al gobierno por cambio a las leyes de inmigración, insinuando que el tema es más bien un asunto del Congreso y no de las cortes.

En el primer enfrentamiento sobre la acción ejecutiva que se da en un tribunal, el abogado de Arpaio, Larry Klayman, denunció que el presidente violó la Constitución porque aprobó la medida sin acuerdo con el Congreso.

Argumentó además que la acción ejecutiva permitiría la entrada de más inmigrantes sin autorización y que, con ello, aumentará la delincuencia, lo que hará difícil la tarea a las fuerzas policiales del país.

“No se trata de una política, el presidente está creando una ley y él no puede hacer eso según la constitución”, dijo Klayman. Sin embargo, la abogada del Departamento de Justicia, Kathleen Hartnett, dijo que la demanda de Arpaio constituye más bien “una disputa política” en vez de un asunto judicial apropiado para un tribunal.

El gobierno califica el pleito de “sin fundamento y pura especulación” y ha exhortado al tribunal a desestimarlo. La jueza Howell pareció a veces irritada con Klayman, un activista de derecha que ha interpuesto cientos de demandas contra el gobierno, incluso una en que dice que el presidente Obama no es estadounidense, reportó The Associated Press.

Cuando Klayman dijo que su apoderado está amenazado debido a sus puntos de vista sobre la reforma migratoria, la jueza le replicó: “Eso me cuesta creerlo”. Howell también señaló que es difícil aceptar el argumento de Arpaio de que se ha visto perjudicado por la reforma, pues la nueva ley tardará meses en ser implementada.

“Si el Congreso realmente está en desacuerdo, ¿acaso no tiene el poder de intervenir?”, preguntó la jueza. Añadió que pronto emitirá un fallo. La acción ejecutiva que Obama anunció el 20 de noviembre, en respuesta a la inacción del Congreso con el debate de la reforma migratoria, protegerá de la deportación a indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes que están en el país desde a antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales.

También amplía la cobertura de la Acción Diferida de los dreamers del 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2010. Ambos grupos deben demostrar que han permanecido en el país al menos cinco años de manera ininterrumpida.

La demanda de Arpaio y Klayman no es la única. Veinticuatro estados demandaron ante una Corte Federal en Brownsville, Texas, la acci+on de Obama del 20 de noviembre.

AP

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